Huelga y Democracia Social

Las “reformas” que el Gobierno de J. L. Rodríguez Zapatero intenta consolidar en nuestro país suponen, una tras otra, la voladura del Estado social que consagra el artículo 1 de la Constitución española, haciendo añicos, por tanto, el pacto constitucional y trasladando a España varias décadas atrás en materia de derechos sociales.

La “reforma laboral” salvaje impulsada por el PSOE y aprobada en solitario por este partido, aunque con la cómplice anuencia de fondo de las derechas nacional y nacionalistas, la reforma del sistema público de pensiones anunciada por Zapatero, situada nuevamente en clave de recortes -trabajar más años y reducir la prestación al prolongar el período de cálculo de la pensión- y dirigida a fomentar la suscripción de los planes privados de pensiones, junto con las medidas de carácter antisocial ya puestas en práctica en el presente ejercicio presupuestario -reducción salarial para los empleados públicos, congelación de pensiones, recorte de la inversión pública, subida del IVA, etc.-, adoptadas no sólo al margen del diálogo social, sino claramente frente a una parte fundamental de aquel, como son las centrales sindicales, todo ello sitúa al presidente del Ejecutivo como un auténtico pirómano del menguado Estado social construido, no obstante,  larga y dolorosamente a golpe de lucha sindical y política en nuestro país.

Tal es así que corremos el riesgo de que una vez concluya el segundo y, sin duda último mandato de Zapatero, a la España social no la conozca ni la madre que la parió. Así, quienes piensan que a ellos no les afecta la “reforma laboral” -elemento central aunque no único desencadenante de la convocatoria de Huelga General-, porque entienden que su contrato indefinido les garantiza, en caso de despido, 45 días de indemnización por año trabajado, pueden encontrarse en la calle, a precio de saldo, a la vuelta de unos meses, o unas semanas. Y esto le puede ocurrir tanto a un trabajador de la empresa privada como a un empleado público acogido al régimen laboral.

Con los convenios colectivos ocurre otro tanto; si alguien piensa que tiene garantizado un salario mínimo porque así está estipulado en su correspondiente convenio, puede llevarse la desagradable sorpresa, a la vuelta de muy poco, de ver cómo su salario se ha reducido no un 5%, como de media les ha ocurrido a los empleados públicos, sino bastante más. Con la mayoría de condiciones y derechos reconocidos en los convenios colectivos ocurre lo mismo: pueden ser modificados o suprimidos en función de un presunto acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, acuerdo que, en la mayoría de los casos no será tal, sino la lógica imposición del empresario en función de la posición de fuerza de la que éste goza.

Junto a ello, al sindicato, como herramienta de defensa del trabajador, se le arrincona en tanto en cuanto se cuartea la propia negociación colectiva y se suprimen derechos. De hecho, en lo que va de año en Andalucía no se han firmado ni el 15% de los convenios que se encuentran en fase de negociación. En materia de pensiones, la senda que señala Zapatero se dirige hacia la conversión del sistema público de pensiones en un sistema meramente asistencial. El mensaje que, por ahora de forma sibilina, se está lanzando desde el Gobierno es claro: vaya usted pensando en suscribirse un plan privado de pensiones que complemente lo que el sistema público le va a ofrecer en el futuro.

Es decir, entregue sus ahorros a la banca y las grandes aseguradoras, precisamente a los sujetos responsables de esta crisis.

En cartera están, sin duda, las “reformas” relativas al sistema de protección por desempleo, al co-pago de los servicios sanitarios, etc., etc. Lo que se está diseñando y empezando a aplicar es, en realidad, un auténtico golpe de Estado, o golpe al Estado social, por cuanto se están disolviendo como un azucarillo pilares esenciales de la arquitectura constitucional, por un lado y, por otro, se está llevando a cabo, además, al margen de la soberanía popular, puesto que el programa de gobierno con el que el PSOE se presentó a las últimas elecciones generales no planteaba, ni mucho menos, las medidas que Zapatero está adoptando.

En esto está acabando lo que hace sólo escasamente dos años comenzó no siendo una crisis -según el presidente Zapatero-, sino una desaceleración económica, lo que continuó después con la inyección de decenas de miles de millones de euros a la banca privada para que ésta, supuestamente, abriera el grifo del crédito, y lo que ha continuado sin la adopción, por parte del Gobierno de España, de una sola medida dirigida a obligar a los responsables de esta crisis a que paguen algo del estropicio económico y social que han provocado.

Y, ante este panorama, alguien puede preguntarse ¿para qué sirve, entonces, esta huelga general? La respuesta es muy clara; sirve para parar este proceso, para frenar este golpe al Estado social, al igual que las anteriores huelgas generales obligaron a los gobiernos de turno a rectificar. La huelga general va a servir para demostrar que hay democracia más allá de los mercados y que la sociedad no la ponen en marcha éstos, sino los trabajadores y trabajadoras. Es más, si en el peor de los casos el Estado social cae, si finalmente nuestra sociedad se convierte en un sucedáneo del modelo americano, en el que la protección social prácticamente se resume en un bidón humeante al que se arremolina una creciente masa de excluidos, al menos podremos mirar a los ojos a nuestros hijos para decirles que eso no se construyó con nuestro consentimiento.

Torredelcampo, 26 de septiembre de 2010.

Fdo.: Manuel Pegalajar Puerta.